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Un reciente convenio entre el Servicio de Impuestos Internos (SII) y los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA), junto con el Tribunal de Contratación Pública (TCP), ha generado preocupación en el mundo jurídico. El debate se centra en posibles efectos sobre la imparcialidad judicial y la independencia de los jueces en causas donde el SII es parte interesada.
¿Qué establece el convenio?
El acuerdo fue oficializado mediante la Resolución Ex. SII N° 82, de fecha 3 de julio de 2025. Este convenio busca fomentar la colaboración entre las instituciones mediante:
- Participación conjunta en cursos, talleres y seminarios.
- Intercambio de información y servicios técnicos y jurídicos.
- Actividades sin remuneración de por medio.
En principio, el objetivo declarado es fortalecer el conocimiento técnico y jurídico de los funcionarios del SII y los jueces especializados. No obstante, esta alianza institucional ha despertado dudas y cuestionamientos legales.
Inquietudes del mundo jurídico
Por un lado, algunos juristas destacan el valor de la capacitación continua. Por otro, varios abogados expertos en derecho tributario advierten que este tipo de vínculos podría afectar la percepción de imparcialidad de los jueces. Además, se señala que el contexto institucional podría influir, directa o indirectamente, en decisiones judiciales sensibles.
Posibles causales de recusación
Uno de los puntos más críticos es el artículo 196 del Código Orgánico de Tribunales (COT). En su numeral 17, establece que un juez puede ser recusado si ha recibido, durante un juicio, cualquier tipo de dádiva o servicio de una de las partes. Aunque el convenio aclara que no hay pagos involucrados, la participación en actividades organizadas por el SII podría ser interpretada como una forma de “servicio recibido”.
En consecuencia, esto abre la puerta a eventuales solicitudes de recusación, especialmente en causas donde el SII actúe como parte interesada. De esta manera, se introduce un elemento de incertidumbre en los procesos tributarios y de contratación pública.
Riesgos para la confianza en el sistema
La preocupación principal es que se comprometa la confianza en el sistema judicial tributario. De hecho, la sola sospecha de falta de independencia puede afectar:
- La validez de las resoluciones judiciales.
- La transparencia del proceso.
- El derecho de los contribuyentes a un juicio justo.
A pesar de ello, algunos actores del sector prefieren no especular sobre posibles conflictos de interés. En cambio, enfatizan la importancia de que los jueces mantengan plena independencia y objetividad, asegurando así:
- El respeto a las garantías procesales.
- La protección de los derechos de los contribuyentes.
- La credibilidad del sistema judicial.
Colaboración vs. imparcialidad
En este sentido, surge una interrogante fundamental:
¿Puede existir colaboración institucional sin comprometer la imparcialidad judicial?
Incluso si no hay consecuencias jurídicas inmediatas, es clave que las instituciones involucradas mantengan límites claros que refuercen la confianza pública y eviten cualquier apariencia de parcialidad.
📌 Fuente y más información en:
👉 Abogados Tributarios Chile
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