El Gobierno anunció que presentará un veto supresivo para retirar la disposición que eliminaba el anatocismo y que fue incorporada durante la tramitación de la denominada megarreforma o Ley de Reconstrucción Nacional.
La decisión fue confirmada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien explicó que el Ejecutivo consideró antecedentes técnicos elaborados por el Banco Central y la Comisión para el Mercado Financiero, organismos que manifestaron reparos sobre los posibles efectos de la norma.
Con este veto, el Gobierno buscará impedir que la prohibición de capitalizar intereses entre en vigencia en los términos aprobados por el Congreso.
¿Qué es el anatocismo?
El anatocismo corresponde, en términos generales, a la aplicación de intereses sobre una obligación que ya incluye intereses acumulados.
Esto ocurre cuando los intereses generados por una deuda se incorporan al capital pendiente. A partir de ese nuevo monto se calculan los intereses correspondientes al siguiente período.
Por ejemplo, si una obligación de $100 genera $10 en intereses y estos se agregan al saldo, el nuevo capital adeudado será de $110. Los intereses posteriores podrán calcularse sobre esa cantidad y no solamente sobre los $100 originales.
Este mecanismo constituye la base del interés compuesto y no solo se utiliza en operaciones de crédito. También puede estar presente en cuentas de ahorro, depósitos a plazo renovables y otros productos financieros que reinvierten automáticamente las ganancias obtenidas.
¿Por qué el Gobierno decidió intervenir?
La eliminación del anatocismo fue incorporada mediante una indicación parlamentaria durante la discusión del proyecto. Sin embargo, la medida provocó cuestionamientos entre instituciones financieras, organismos reguladores y especialistas.
La principal preocupación es que una prohibición general podría modificar el funcionamiento de numerosos contratos y productos financieros, afectando tanto a las deudas como a los instrumentos de ahorro.
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, mantener la disposición aprobada podría aumentar el costo del financiamiento, alterar el funcionamiento del mercado crediticio y reducir la flexibilidad disponible para estructurar determinadas operaciones.
Por esta razón, el Ejecutivo decidió recurrir a un veto supresivo, instrumento mediante el cual se propone eliminar una parte específica de un proyecto aprobado por el Congreso.
Posibles consecuencias para los créditos
Desde el sector financiero se ha advertido que impedir completamente la capitalización de intereses podría limitar algunas alternativas utilizadas actualmente para reorganizar obligaciones.
Entre ellas se encuentran:
- Las repactaciones de créditos.
- Los períodos de gracia.
- Las cuotas flexibles.
- La reprogramación de pagos.
- La modificación de calendarios de amortización.
Estas herramientas permiten, en determinadas circunstancias, distribuir una deuda durante un período más extenso o postergar temporalmente algunos pagos.
La Asociación de Bancos e Instituciones Financieras sostuvo que una restricción amplia podría encarecer el crédito formal y disminuir las opciones disponibles para las familias y los pequeños emprendedores.
El impacto concreto dependerá, no obstante, de la redacción definitiva de la ley y de la forma en que se regulen las operaciones financieras una vez concluida su tramitación.
La discusión también alcanza a los instrumentos de ahorro
Aunque el debate se ha concentrado principalmente en el aumento de las deudas, el interés compuesto también cumple una función relevante en el ahorro.
En productos como los depósitos a plazo con renovación automática, los intereses obtenidos pueden sumarse al capital inicial para generar nuevas ganancias. Algo similar puede ocurrir con determinadas cuentas de ahorro reajustables.
Representantes del sector inmobiliario y financiero han advertido que una prohibición general podría impedir esa reinversión automática. En la práctica, los ahorrantes tendrían que realizar renovaciones manuales o perder parte del efecto acumulativo de sus intereses.
Esto podría afectar especialmente a quienes utilizan estos instrumentos para reunir recursos destinados al pie de una vivienda o para proteger sus ahorros frente a la inflación.
CMF cuestionó la disposición aprobada
La presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, Catherine Tornel, señaló que el organismo había advertido durante la discusión legislativa sobre los riesgos asociados a la medida.
La autoridad sostuvo que eliminar el interés compuesto de manera general podría alterar principios esenciales del sistema financiero y generar consecuencias distintas a las buscadas originalmente.
La CMF también indicó que, aunque las instituciones financieras podrían adaptar sus productos, los cambios podrían terminar afectando con mayor fuerza a los sectores con menor acceso a alternativas de financiamiento.
¿Qué ocurrirá con la norma?
El anuncio del Gobierno no significa que el asunto se encuentre completamente resuelto. El veto deberá ser presentado formalmente y posteriormente revisado dentro del proceso legislativo correspondiente.
Será necesario observar la redacción definitiva de la reforma para determinar si la disposición se elimina por completo, se reemplaza por una regulación más específica o se incorporan excepciones para determinados productos financieros.
Mientras la tramitación no finalice, las condiciones aplicables a créditos, repactaciones, depósitos y cuentas de ahorro no deberían analizarse únicamente sobre la base de la norma inicialmente aprobada.
Importancia de revisar los efectos jurídicos y económicos de la reforma
Las modificaciones legales vinculadas con intereses, deudas y operaciones financieras pueden tener consecuencias relevantes para personas, empresas e instituciones.
Además de sus efectos en contratos de crédito y productos de ahorro, estos cambios pueden influir en la planificación financiera, en la reorganización de obligaciones y en la evaluación de contingencias económicas.
En Abogados Tributarios Chile analizamos los cambios normativos que pueden afectar las decisiones financieras y patrimoniales de personas y empresas. Si una reforma legal puede modificar sus obligaciones, contratos o planificación, es recomendable revisar sus consecuencias antes de adoptar decisiones.
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Gobierno vetará norma que buscaba eliminar el anatocismo.