SII presenta 9 requerimientos ante los TTA por Norma General Antielusión, con perjuicio fiscal cercano a $19.700 millones
El Servicio de Impuestos Internos (SII) ha presentado nueve nuevos requerimientos ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA), invocando la Norma General Antielusión. Estas acciones se enmarcan en estrategias de fiscalización orientadas a abordar mecanismos que diluyen la base imponible o postergan indebidamente la obligación tributaria. Con un perjuicio fiscal estimado en $19.700 millones.
Entre los principales riesgos tributarios identificados se encuentran la dilución patrimonial, la generación de pérdidas artificiales que incrementan indebidamente las devoluciones de Pagos Provisionales por Utilidades Absorbidas (PPUAs), y la estructuración de esquemas destinados a diferir la tributación sobre rentas pasivas generadas en el extranjero.
Desde el año 2021, el SII interpuso 63 requerimientos por aplicación de la Norma General Antielusión, con un perjuicio fiscal acumulado superior a $128.000 millones. Las principales conductas detectadas han sido reorganizaciones empresariales orientadas a evitar la generación de mayor valor y la reiterada utilización de diluciones patrimoniales.
La Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente encabeza las presentaciones, con 34 requerimientos por más de $82.000 millones. Le siguen la Dirección Regional Metropolitana Santiago Sur, con 6 casos, y la Dirección Regional de Valparaíso, con 5.
Detalle de los requerimientos
En lo que va de 2025, los nueve requerimientos presentados durante el primer trimestre se centran en estructuras elusivas vinculadas a diluciones patrimoniales y generación de pérdidas con impacto en la devolución de PPUAs, registrando un perjuicio fiscal aproximado de $19.700 millones.
A nivel agregado, del total de requerimientos presentados desde 2021, se identifican 33 casos por diluciones patrimoniales que inciden en la determinación del impuesto a la renta o de las donaciones; cinco requerimientos asociados a reorganizaciones orientadas a evitar la generación de mayor valor; y cinco por generación artificial de pérdidas que aumentan la devolución de PPUAs.
Otros casos, aunque en menor número, incluyen dos requerimientos por traslado de utilidades a jurisdicciones de baja tributación. Tres por utilización de estructuras de financiamiento para evitar reconocimiento de utilidades en Chile; y un caso por prestación de servicios a través de sociedades donde el socio no registra todos los ingresos obtenidos en el ejercicio de su profesión.
Los tributos involucrados corresponden principalmente al impuesto a la renta y al impuesto a las donaciones.
Concentración geográfica y origen de los procedimientos
Los 34 casos impulsados por la Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente acumulan la mayor cuantía tributaria, por más de $82.000 millones, siendo la región con mayor actividad litigiosa en esta materia.
Los nueve requerimientos de 2025 se originan en programas de fiscalización dirigidos a contribuyentes domiciliados en Chile con entidades en el extranjero. En revisiones sobre diluciones patrimoniales dentro del segmento de altos patrimonios; y en el análisis de solicitudes de devolución de PPUAs.
A nivel general, los 63 requerimientos presentados derivan de fiscalizaciones del SII, procedimientos de término de giro, revisiones de devoluciones tributarias y otros procesos administrativos. Ello ha permitido detectar patrones de conducta reiterados dentro de grupos familiares y conglomerados económicos, así como nuevos esquemas elusivos emergentes.
Durante el año 2024, se presentaron 22 requerimientos solicitando declaración de elusión por abuso o simulación.
Focalización de la fiscalización en riesgos específicos
Uno de los focos de fiscalización ha sido el traspaso intergeneracional de patrimonio. Detectándose diluciones patrimoniales entre padres e hijos mediante sociedades que no han cumplido con las obligaciones tributarias correspondientes. Estas operaciones motivaron 33 requerimientos judiciales por abuso o simulación ante los TTA, asociados a un perjuicio fiscal de $58.000 millones.
Asimismo, se han fiscalizado reorganizaciones empresariales que reducen artificialmente la base imponible, generando cinco requerimientos adicionales por $6.595 millones.
Por su parte, la generación o traslado indebido de pérdidas —con impacto en el impuesto a la renta y la devolución de PPUAs— motivó cinco requerimientos judiciales ante los TTA por un perjuicio estimado en $2.600 millones.
Además, el SII ha solicitado la aplicación de la sanción establecida en el artículo 100 bis del Código Tributario a asesores tributarios que participaron en la planificación de estos actos elusivos.
La Subdirectora de Fiscalización, Carolina Saravia, destacó los avances institucionales y señaló que la nueva Ley de Cumplimiento Tributario permitirá fortalecer estas labores a través de herramientas como la fiscalización centralizada de grupos económicos y la aplicación de normas multijurisdiccionales.
📌 Fuente y más información en:
👉 Abogados Tributarios Chile
👉 Otras noticias sobre evasión fiscal
SII presenta requerimientos por Norma General Antielusión.